No existe un plan de desarrollo urbano. La organización de la cuidad es un desastre, cualquiera fabrica una casa en el margen de cualquier rio y no hay ningún control que regule donde la gente se muda.
No se sabe cómo, pero poco tiempo después esta persona tiene energía eléctrica, varios bombillos, un televisor, un radio, un abanico, etc. ¿De dónde sale esta energía? ¿Cuál es el costo de llevar esa energía hasta ahí?
Sin ningún tipo de criterio técnico o económico, esta persona hizo lo necesario para “llevar corriente a su casa”, usó cualquier tipo de cable y se “enganchó” de cualquier otro. Podemos estar seguros que de cada 100Kw que se generan sólo 50Kw llegan a esa casa y que el otro 50% se disipa en calor (como si este país pudiera soportar ese desperdicio).
Estamos permitiendo que se boten los dineros del país y que se disipen en calor, en un tema de seguridad nacional como lo debería ser “La generación y distribución de energía”. Peor aún, esta persona no paga por esta energía y no puede pagar porque no trabaja y no genera para poder pagar.
Como no paga, no le importa ahorrar, apagar bombillas, usar adecuadamente blowers, televisores, etc. El gobierno no está en disposición de cobrarles a esos pobres ya que ejercer presión en el cobro y/o cortar el servicio levantaría protestas de esa masa de gente que hasta ahora se ha mantenido silente y que “conviene mantener así”.
Por otro lado, las familias ricas tampoco pagan, mantienen el aire central de la casa prendido las 24 horas, tienen calentador de agua de 200 galones, piscinas con calefacción, etc. y se las ingenian para pagar RD$1,200.00 mensual. El costo de toda esa energía recae en la factura de la clase media (pagadora) que injustamente debe cargar con todas estas ineficiencias del sistema que han hecho que el costos de la energía eléctrica de la República Dominicana sea el más alto y de peor calidad de toda América Latina. Según establece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del 2007, publicada durante el segundo trimestre del 2009 por la Oficina Nacional de Estadísticas de 2,370,285 viviendas registradas, sólo 790,121 tienen contadores (el 33%), mientras un 19.5% (unas 462.284 casas) pagan una tarifa fija por el consumo eléctrico. De las cuarterías, sólo un 18% tiene medidor y de los barracones, un 11%. En resumen, solo el 53% de las viviendas del país tienen medidor.
El tema de privatización hubiese podido ser parte de la solución ya que una empresa privada solo entregará servicio a aquellos que estén dispuestos a pagar, pero esta capitalización requería el compromiso del estado para enfrentar un posible levantamiento de masas “no pagadoras” y no dispuestas a pagar. Como el gobierno no está dispuesto a pagar este precio político las cosas van de mal a peor y el problema está cada vez más lejos de una posible solución.
Las familias pobres, que viven al margen de los ríos, que contaminan el “agua” (posible fuente de generación de energía), que se roban la luz y que constituyen el problema principal de la ineficiencia en la distribución deben ser reorientadas en otras zonas (planificadas) donde se pueda ejercer mayor control.
Las casas que consumen energía eléctrica deben pagar por ella. No más paternalismos.
Sin embargo, este cambio no puede hacerse de una forma compulsiva y decir de la noche a la mañana “¡de ahora en adelante todos pagan o no tienen servicio!”, deben crearse las bases para que la gente tenga ingresos para poder pagar, tenga cultura de ahorro y que reciban el servicio en la cantidad y en la calidad suficiente que justifique el pago que realizan.
Algunas ideas para una posible solución podrían ser lo que en lo adelante llamaremos “La casa económica y el barrio residencial planificado” y “El barrio industrial planificado”.
No se sabe cómo, pero poco tiempo después esta persona tiene energía eléctrica, varios bombillos, un televisor, un radio, un abanico, etc. ¿De dónde sale esta energía? ¿Cuál es el costo de llevar esa energía hasta ahí?
Sin ningún tipo de criterio técnico o económico, esta persona hizo lo necesario para “llevar corriente a su casa”, usó cualquier tipo de cable y se “enganchó” de cualquier otro. Podemos estar seguros que de cada 100Kw que se generan sólo 50Kw llegan a esa casa y que el otro 50% se disipa en calor (como si este país pudiera soportar ese desperdicio).
Estamos permitiendo que se boten los dineros del país y que se disipen en calor, en un tema de seguridad nacional como lo debería ser “La generación y distribución de energía”. Peor aún, esta persona no paga por esta energía y no puede pagar porque no trabaja y no genera para poder pagar.
Como no paga, no le importa ahorrar, apagar bombillas, usar adecuadamente blowers, televisores, etc. El gobierno no está en disposición de cobrarles a esos pobres ya que ejercer presión en el cobro y/o cortar el servicio levantaría protestas de esa masa de gente que hasta ahora se ha mantenido silente y que “conviene mantener así”.
Por otro lado, las familias ricas tampoco pagan, mantienen el aire central de la casa prendido las 24 horas, tienen calentador de agua de 200 galones, piscinas con calefacción, etc. y se las ingenian para pagar RD$1,200.00 mensual. El costo de toda esa energía recae en la factura de la clase media (pagadora) que injustamente debe cargar con todas estas ineficiencias del sistema que han hecho que el costos de la energía eléctrica de la República Dominicana sea el más alto y de peor calidad de toda América Latina. Según establece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del 2007, publicada durante el segundo trimestre del 2009 por la Oficina Nacional de Estadísticas de 2,370,285 viviendas registradas, sólo 790,121 tienen contadores (el 33%), mientras un 19.5% (unas 462.284 casas) pagan una tarifa fija por el consumo eléctrico. De las cuarterías, sólo un 18% tiene medidor y de los barracones, un 11%. En resumen, solo el 53% de las viviendas del país tienen medidor.
El tema de privatización hubiese podido ser parte de la solución ya que una empresa privada solo entregará servicio a aquellos que estén dispuestos a pagar, pero esta capitalización requería el compromiso del estado para enfrentar un posible levantamiento de masas “no pagadoras” y no dispuestas a pagar. Como el gobierno no está dispuesto a pagar este precio político las cosas van de mal a peor y el problema está cada vez más lejos de una posible solución.
Las familias pobres, que viven al margen de los ríos, que contaminan el “agua” (posible fuente de generación de energía), que se roban la luz y que constituyen el problema principal de la ineficiencia en la distribución deben ser reorientadas en otras zonas (planificadas) donde se pueda ejercer mayor control.
Las casas que consumen energía eléctrica deben pagar por ella. No más paternalismos.
Sin embargo, este cambio no puede hacerse de una forma compulsiva y decir de la noche a la mañana “¡de ahora en adelante todos pagan o no tienen servicio!”, deben crearse las bases para que la gente tenga ingresos para poder pagar, tenga cultura de ahorro y que reciban el servicio en la cantidad y en la calidad suficiente que justifique el pago que realizan.
Algunas ideas para una posible solución podrían ser lo que en lo adelante llamaremos “La casa económica y el barrio residencial planificado” y “El barrio industrial planificado”.
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